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El trabajo forzado es una grave y generalizada problemática de derechos humanos que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la región de Asia-Pacífico registra el mayor número de personas en situación de trabajo forzado, seguida de África y los Estados Árabes, con cincuenta millones de personas viviendo en esclavitud moderna en 2021, de las cuales 28 millones estaban sometidas a trabajo forzado.
Este problema es especialmente frecuente en la industria tecnológica global, donde los productos suelen fabricarse a través de complejas y fragmentadas cadenas de suministro que involucran numerosos proveedores y subcontratistas. El trabajo forzado puede producirse en distintas etapas de la cadena de suministro de semiconductores, como la minería, la producción de obleas de silicio y el ensamblaje y pruebas de productos terminados. En algunos casos, trabajadores migrantes pueden ser reclutados bajo falsos pretextos y obligados a laborar en condiciones peligrosas por una remuneración mínima o inexistente.
Se han documentado numerosos casos de trabajo forzado en la industria tecnológica, especialmente en países como China, donde las leyes laborales son más débiles y su cumplimiento suele ser insuficiente. Como consecuencia, los trabajadores pueden ser sometidos a jornadas excesivas, salarios bajos, condiciones laborales peligrosas y otras formas de explotación, y enfrentarse a la imposibilidad de abandonar sus empleos debido a amenazas, violencia u otras formas de coacción.
Existen reportes de trabajo forzado en la minería y producción de materias primas como cobalto, mica, estaño, entre otros. Con frecuencia, se obliga a niños a trabajar largas jornadas en condiciones peligrosas y poco saludables, sufriendo abusos físicos y emocionales. Por ejemplo, el cobalto es un componente fundamental en las baterías de ion de litio utilizadas en teléfonos inteligentes, portátiles y otros dispositivos electrónicos. La República Democrática del Congo (RDC) produce más de la mitad del cobalto mundial y se han informado casos de trabajo forzado e infantil en las minas de cobalto. Más información sobre el trabajo forzado en la industria tecnológica y las materias primas vinculadas a trabajo forzado.
Para hacer frente a estos problemas, los gobiernos y organismos internacionales han desarrollado normativas y directrices dirigidas a las empresas del sector de la electrónica, entre las que destacan:
- Ley de Prevención del Trabajo Forzado en EE. UU. (UFLPA): La UFLPA exige que las empresas informen las medidas adoptadas para prevenir el trabajo forzado en sus cadenas de suministro y prohíbe la importación de bienes fabricados bajo estas condiciones.
- Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro de Alemania (SCDDA): La SCDDA establece que las empresas deben tomar medidas correctivas si causan o están vinculadas a impactos adversos ambientales o en derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro.
- Modern Slavery Act (Reino Unido): El gobierno del Reino Unido promulgó la Modern Slavery Act en 2015, que obliga a las empresas con ingresos superiores a £36 millones a publicar informes anuales detallando las acciones de prevención de esclavitud moderna en sus operaciones y cadenas de suministro.
- California Transparency in Supply Chains Act (EE. UU.): Promulgada en 2012, esta ley exige a las empresas con ingresos anuales superiores a $100 millones y actividad en California que revelen sus esfuerzos para eliminar la esclavitud y la trata de personas de sus cadenas de suministro.
- Directiva de Información No Financiera de la UE (UE): Exige a determinadas empresas divulgar información sobre sus políticas, riesgos y resultados relacionados con aspectos sociales, ambientales y de derechos humanos, incluido el trabajo forzado.
- Australian Modern Slavery Act (Australia): Promulgada en 2018, esta ley obliga a empresas australianas con ingresos anuales superiores a $100 millones a informar sobre sus acciones para identificar y abordar riesgos de esclavitud moderna en sus operaciones y cadenas de suministro.
El objetivo de estas normativas es incrementar la transparencia y la responsabilidad en las cadenas de suministro, promoviendo que las empresas adopten medidas frente al trabajo forzado. El incumplimiento puede acarrear sanciones o acciones legales, con consecuencias financieras y reputacionales significativas.
También existen iniciativas impulsadas por gobiernos, organizaciones civiles y el sector privado para abordar el problema de los minerales de conflicto. Por ejemplo, la Ley Dodd-Frank Act en Estados Unidos exige a las empresas revelar su uso de minerales de conflicto en productos y cadenas de suministro, además de reportar los esfuerzos realizados para garantizar que estos minerales se obtienen de manera responsable. Otras iniciativas, como Responsible Minerals Initiative, proporcionan herramientas y recursos para que las empresas rastreen el origen de los minerales en sus cadenas de suministro y verifiquen que no contribuyen a abusos de derechos humanos ni a conflictos.
Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha desarrollado directrices para cadenas de suministro responsable de minerales, incluyendo procesos de diligencia debida para identificar y abordar riesgos de trabajo forzado y vulneraciones de derechos humanos en la minería y producción de materias primas. La Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) también ha establecido un código de conducta para sus miembros, que incluye criterios de abastecimiento responsable de materias primas, prácticas laborales justas y respeto a los derechos humanos en la cadena de suministro.
Para cumplir con las distintas regulaciones y directrices internacionales, las empresas del sector de la electrónica han comenzado a desarrollar políticas de remediación, realizar auditorías a proveedores y colaborar con partes interesadas para dar visibilidad y fortalecer la transparencia y la responsabilidad en su cadena de suministro.
