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Grandes cambios políticos, un sentimiento común
El año pasado fue una época de disrupción. Según Pew Research, más de 60 países acudieron a las urnas, enfrentando los mandatarios en todas partes intensas batallas para conservar sus cargos. Para muchos observadores, estos cambios políticos señalaron una transformación significativa en el ánimo público respecto a temas como geopolítica, impuestos, regulaciones y más.
Sin embargo, a pesar de toda la inestabilidad que trajo 2024, parece haber un sentimiento en el que coinciden tanto el mundo occidental en general como sus diversos partidos políticos: los negocios con China no pueden continuar como hasta ahora. Esta postura es especialmente marcada respecto a las preocupaciones por el trabajo forzado en las cadenas de suministro chinas.
Legislación actual contra el trabajo forzado en China
Incluso antes de estos cambios políticos, los gobiernos ya se oponían firmemente a las prácticas de trabajo forzado en China. En Europa, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), junto con numerosas normativas específicas de cada país, exigen a los proveedores revisar sus cadenas de suministro (incluyendo proveedores de sub-nivel, si es posible) para detectar trabajo forzado y violaciones de derechos humanos. De manera similar, en EE. UU., leyes como la Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) prohíben expresamente la importación de bienes a EE. UU. que hayan sido producidos utilizando trabajo forzado, especialmente en la región de Xinjiang, noroeste de China.
La postura dura con China sigue siendo popular en Occidente
Pew Research reveló que el 81 % de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable sobre China, citando muchas veces inquietudes sobre su influencia global, su actitud hacia otros países y disputas territoriales.
La actitud predominante en el resto del mundo refleja una percepción negativa similar. De 24 países encuestados, dos tercios expresan una visión negativa sobre China. Entre los países con una mayoría de opiniones desfavorables se incluyen Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá y Suecia.
No es de extrañar que los legisladores occidentales sigan considerando popular, a nivel político, la regulación dirigida a China y la protección de las industrias nacionales.
En EE. UU., la intención de demostrar una postura «dura con China» es un tema que cuenta con amplio consenso bipartidista. (Esto se aprecia, por ejemplo, en proyectos de ley como la Uyghur Human Rights Policy Reauthorization Act de 2024, copatrocinada por el entonces senador Marco Rubio (R-FL) y el senador Jeff Merkley (D-OR)). Esto ha llevado tanto a la administración Biden saliente como a la administración Trump actual a instruir a las agencias gubernamentales a maximizar la presión sobre China desde una perspectiva tanto económica como de trabajo forzado.
Para evitar verse involucradas en esta guerra comercial, las empresas globales con proveedores en China (especialmente en la región de Xinjiang) están intensificando sus esfuerzos de debida diligencia en cumplimiento normativo comercial. Sin embargo, cada vez es más difícil obtener respuestas claras sobre trabajo forzado y otras cuestiones de cumplimiento.
Por qué es difícil incorporar a los proveedores chinos
Lograr que los proveedores chinos colaboren en sus procesos de debida diligencia puede ser complicado, aunque no siempre por las razones que usted podría pensar. Con frecuencia, los proveedores chinos tienen dificultades para cumplir con las solicitudes debido a la presión directa del gobierno y autoridades locales.
Aunque probablemente sus proveedores en China comprenden que la normativa de los mercados exige demostrar que la cadena de suministro está libre de trabajo forzado, abordar temas como trabajo forzado, derechos humanos y condiciones laborales los coloca en una posición delicada.
Esto se debe en parte a que el gobierno chino ha dejado clara su postura de que no existe trabajo forzado en Xinjiang. Como consecuencia, cualquier esfuerzo de las empresas chinas por no utilizar productos nacionales originarios de esa región puede ser visto como provocador por parte de las autoridades.
Esto deja a los proveedores chinos en una situación incómoda, con empresas extranjeras exigiendo mayor transparencia sobre su cadena de suministro, mientras que los reguladores nacionales les presionan para que sigan trabajando con empresas locales sin importar las circunstancias.
Cumplimiento normativo comercial: un objetivo en constante movimiento
Prácticamente cada mes, el gobierno de EE. UU. añade más entidades a sus diversas listas de entidades y sanciones.
- En 2023, EE. UU. incorporó 2.500 entidades a la lista Specially Designated Nationals (SDN), un listado de personas y organizaciones sujetas a sanciones. Esto supone un aumento del 16 % en entidades sancionadas en tan solo un año.
- En 2024, el Department of Homeland Security (DHS) sumó 73 nuevas entidades a la UFLPA Entity List, un incremento del 284 % respecto a 2023.
Esta explosión de sanciones obliga a las empresas a incrementar rápidamente sus esfuerzos de cumplimiento normativo para adaptarse a un panorama geopolítico en constante cambio.
Las empresas también se enfrentan a un reto particular por la naturaleza retroactiva de las sanciones: al momento en que una entidad es incluida en la lista, las organizaciones deben desvincularse de ella. Mantener lazos con una entidad sancionada supone una causa inmediata de incumplimiento.
Este proceso puede, y a menudo lo hace, dejar a los equipos de cumplimiento normativo luchando constantemente por mantenerse al día con las regulaciones, especialmente cuando se suman una o dos docenas de entidades en un mismo día, casi siempre sin previo aviso.
Lea también: ¿Qué es el pronóstico de sanciones y cómo pueden las empresas anticipar futuras sanciones?
El desafío de contactar directamente a los proveedores chinos
Si bien la reacción más lógica ante las sanciones en la cadena de suministro es abordar el asunto directamente y recopilar datos relevantes para resolver cualquier incertidumbre, en el caso de China, los esfuerzos directos y explícitos de recopilación pueden conllevar consecuencias inesperadas. Esto es especialmente relevante para las empresas multinacionales con presencia de ventas en China. A partir de 2025, varios casos han demostrado que obtener información acerca de trabajo forzado, realizar debida diligencia y actuar contra el trabajo forzado es un terreno delicado para las compañías.
El caso de Calvin Klein y el PCCh
En septiembre de 2024, China investigó a la reconocida marca Calvin Klein por presuntas "medidas discriminatorias" contra empresas algodoneras de Xinjiang. El Ministerio de Comercio chino acusó a Calvin Klein de "boicotear el algodón y otros productos de Xinjiang sin base factual". Calvin Klein se encontró en una situación difícil: tratar de cumplir con las normativas comerciales de EE. UU. y la UE la puso en la mira de las autoridades chinas, un mercado clave en ese momento. Aunque la empresa no fue finalmente sancionada en China, el mensaje fue claro: cesar relaciones comerciales con empresas debido a acusaciones de trabajo forzado no sería tolerado.
Redadas a consultoras de recopilación de datos en China
En 2023 y 2024, varias consultoras especializadas en recopilación de datos industriales y debida diligencia también fueron objeto de redadas en China. En estos casos, dichas consultoras recopilaban información sobre prácticas empresariales y condiciones del mercado interno chino para luego entregar esos datos a compañías extranjeras. La información se obtenía mediante el método habitual de "entrevistas con expertos", donde profesionales del sector eran entrevistados (y en ocasiones compensados) sobre condiciones del mercado y otros temas. A pesar de que estas prácticas informativas son habituales, las redadas por parte del gobierno chino sugieren que la tolerancia hacia ellas dentro del país podría ser limitada.
Por qué las auditorías presenciales tampoco bastan para la debida diligencia
Un aspecto clave en los esfuerzos de cumplimiento normativo relacionados con la UFLPA y el trabajo forzado es que el gobierno de EE. UU. no considera suficientes las auditorías presenciales en China para detectar trabajo forzado debido a que "los trabajadores no pueden expresarse libremente" y "los auditores suelen enfrentar acoso cuando operan en China". Esto limita aún más las opciones que tienen las empresas extranjeras para recopilar información sobre potenciales riesgos de trabajo forzado en su cadena de suministro. Aunque China no cuenta con una política específica que limite la debida diligencia, la realidad sobre el terreno indica que los representantes que intentan realizarla en muchas regiones han sido acosados y restringidos.
¿Qué pueden hacer los fabricantes?
En la segunda parte de esta serie, analizaremos pasos prácticos que las empresas pueden tomar para abordar cuestiones de cumplimiento normativo con sus proveedores chinos.
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Sanctions Forecasting en acción: Zijin Mining Group Co. Ltd
El 15 de enero de 2025, el DHS incorporó 37 nuevas entidades a la UFLPA Entity List, incluyendo Zijin Mining Group Co., Ltd., uno de los mayores refinadores de cobre del mundo. Zijin mantiene vínculos con importantes proveedores de nivel 1 de los sectores de electrónica y automoción. Supplier Insights de Z2Data ya había señalado a Zijin como candidato probable a futuras sanciones con más de 200 días de antelación, el 13 de junio de 2024.
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