La Agencia de Protección Ambiental es un organismo dentro del gobierno federal de EE. UU. con una misión clara y directa: proteger la salud de las personas y el medioambiente. Cumple esta misión fundamental de diversas maneras, entre ellas la implementación y aplicación de normativas ambientales; la concesión de subvenciones a gobiernos estatales, organizaciones medioambientales sin fines de lucro y otras entidades que comparten los objetivos de la EPA; y la investigación en laboratorios destinada a comprender mejor los desafíos que enfrentamos en materia de salud pública, clima y ecosistemas mundiales.

Una de las responsabilidades más significativas—y de mayor alcance—de la EPA es la regulación de la fabricación y el uso de productos químicos que se consideran peligrosos para la salud humana o el medioambiente. Como explica la agencia, “Bajo una amplia gama de leyes federales, la EPA recopila datos sobre salud, seguridad y exposición; exige las pruebas necesarias; y controla la exposición humana y ambiental a numerosas sustancias y mezclas químicas.” Algunos de los productos químicos más destacados regulados por la EPA incluyen el plomo, mercurio, pesticidas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), y bifenilos policlorados (PCB).

Dado que nuestra comprensión de los efectos a largo plazo de los productos químicos está en constante evolución, el papel de la Agencia de Protección Ambiental en la regulación de productos químicos es dinámico y flexible, sujeto a revisión y ampliación periódicas en línea con el avance en nuestro conocimiento de estas sustancias.

Origen de la Agencia de Protección Ambiental

Para comprender el nacimiento de la Agencia de Protección Ambiental, es importante tener en cuenta el ambiente sociopolítico de la década de 1960. Quizás por primera vez en la historia del país, amplios sectores de estadounidenses empezaron a tomar mayor conciencia e interés por los efectos tóxicos de los productos químicos en el medioambiente, los recursos naturales y la salud humana. En parte como respuesta al creciente interés público por asuntos medioambientales y ecológicos, el presidente Richard Nixon firmó una orden ejecutiva en 1970 estableciendo formalmente la EPA.

En sus primeros años, la EPA absorbió diversas divisiones y oficinas de otros organismos, incluidos programas creados para regular pesticidas, contaminación del aire y agua potable pública. Sin embargo, la nueva agencia no solo consolidó iniciativas previamente distribuidas en diferentes departamentos federales, sino que operó con un nivel de financiación y autoridad que sus predecesores no tenían. Esta autoridad le permitió, entre otras cosas, establecer y hacer cumplir estándares de calidad del aire y del agua, investigar sustancias químicas potencialmente peligrosas y liderar a los gobiernos estatales en los esfuerzos por lograr un entorno más limpio y seguro para la ciudadanía estadounidense. En resumen, la agencia—que comenzó con un presupuesto de 1,4 mil millones de dólares y casi 6.000 empleados—representó un esfuerzo sin precedentes del gobierno estadounidense por situar la mitigación de la contaminación y la protección del medioambiente como máxima prioridad.

Ley de Agua Limpia de la EPA

La primera versión de la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua, o FWPCA (por sus siglas en inglés), se promulgó inicialmente en 1948—más de dos décadas antes de la creación de la Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, con las enmiendas de 1972 a la FWPCA, aprobadas bajo la dirección de la EPA, la legislación fue ampliada de manera significativa. Las enmiendas de 1972 fortalecieron la FWPCA original—que pasaría a conocerse como la Ley de Agua Limpia—y expandieron significativamente su alcance para proteger uno de nuestros recursos más valiosos. A la EPA, encargada de la administración de la Ley de Agua Limpia, se le asignaron nuevas responsabilidades:

• Establecer estándares de aguas residuales para industrias privadas
• Supervisar la construcción de instalaciones de tratamiento de aguas residuales municipales
• Prohibir el vertido de contaminantes en aguas de EE. UU.
• Indicar a los gobiernos estatales la aplicación de estándares de calidad del agua (WQS) para lagos, ríos y otros cuerpos de agua

Hoy en día, la Ley de Agua Limpia se considera una legislación medioambiental emblemática. Más de cincuenta años después de la adopción de las enmiendas clave, sigue siendo un ejemplo destacado de cómo las agencias federales, los gobiernos estatales, los municipios y las empresas privadas pueden colaborar para reducir la contaminación y mejorar los resultados en materia de salud para la población.

La Agencia de Protección Ambiental y la Ley de Control de Sustancias Tóxicas 

Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Agua Limpia, EE. UU. promulgó una ley igualmente influyente que transformaría el ámbito regulatorio de productos químicos en el país. La Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés), firmada en 1976, encarga a la EPA la supervisión de la fabricación, distribución y uso de productos químicos comerciales en EE. UU.

La implementación y cumplimiento de la TSCA representa una tarea de gran envergadura bajo cualquier parámetro. La EPA debe revisar las notificaciones de nuevas sustancias químicas, garantizar que las empresas realicen pruebas adecuadas de productos químicos potencialmente peligrosos y mantener el Inventario TSCA, que actualmente abarca más de 86.000 productos químicos.

Probablemente la responsabilidad más relevante de la EPA respecto a la TSCA es su papel en la regulación de nuevos productos químicos. Las empresas que planean fabricar o importar un nuevo producto químico en EE. UU. deben notificarlo a la EPA mediante un aviso previo a la fabricación (PMN, por sus siglas en inglés). Tras recibir el PMN, la EPA dispone de 90 días para realizar su “proceso de revisión de productos químicos”, evaluando el riesgo relativo de la nueva sustancia química. En ese plazo, los evaluadores de riesgo de la EPA emplean sofisticados modelos predictivos para analizar los posibles efectos de la sustancia sobre las personas y el entorno.

Una enmienda a la TSCA se promulgó en 2016. Conocida como la Ley de Seguridad Química Lautenberg, exige que la EPA “emita una determinación afirmativa” sobre si cada nueva sustancia química que revisa representa un riesgo no razonable para la salud humana o el medioambiente. La enmienda otorga a los funcionarios de la EPA una responsabilidad aún mayor de tomar decisiones cuidadosas y rigurosas sobre la seguridad de los productos químicos que ingresan al mercado estadounidense.

Cómo regula la EPA las PFAS

En los últimos años, la EPA ha intensificado sus esfuerzos para comprender los peligros asociados a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS). En 2021, la EPA estableció una “hoja de ruta estratégica” dirigida a avanzar en la regulación de las PFAS. Esta hoja de ruta propuso un enfoque integral por parte de la agencia para abordar la amplia problemática presentada por las PFAS. Entre las iniciativas destacan aumentar la inversión de la EPA en investigación sobre la toxicidad y en posibles soluciones, fortalecer las estrategias para prevenir la contaminación futura por PFAS y ampliar los esfuerzos de remediación.

Más recientemente, la EPA ha implementado nuevos requisitos de notificación para PFAS. Estas normativas—que Z2Data analizó recientemente junto al experto en cumplimiento Mike Kirschner—exigen que toda parte que fabrique o importe PFAS o artículos que contengan sustancias PFAS informe electrónicamente a la EPA detalles específicos sobre los productos químicos utilizados. Esto incluye usos, volúmenes de producción, subproductos y toda la información disponible sobre efectos en la salud humana y el medioambiente. La norma final de la EPA sobre los nuevos requisitos de notificación y mantenimiento de registros puede consultarse aquí.