:quality(85))
El año 2022 supuso un hito en la legislación sobre la cadena de suministro de semiconductores. En octubre, la Bureau of Industry and Security de EE. UU. estableció un amplio y sin precedentes paquete de controles a la exportación de tecnología de semiconductores y equipos de fabricación destinados a la República Popular China (RPC). Si bien 2023 no incluyó un nuevo paquete regulatorio de tal relevancia histórica —aunque sí introdujo cambios significativos a esos controles de 2022—, sí hubo una serie de nuevas leyes y directivas relevantes que entraron en vigor o se presentaron por primera vez ante la opinión pública.
A continuación, analizamos las normativas que más impacto tuvieron en los profesionales de la cadena de suministro de semiconductores en los últimos 12 meses.
1. Regulación: Reglamento de baterías de la UE
Fecha de entrada en vigor: Agosto de 2023
Países afectados: Los 27 Estados miembros de la Unión Europea
Qué cubre la regulación: Propuesto originalmente por la Comisión Europea en diciembre de 2020, el Reglamento de baterías de la UE forma parte del ambicioso paquete de iniciativas del European Green Deal.
Como detallamos en nuestro artículo sobre el Reglamento de baterías de la UE, la Comisión Europea aprobó esta legislación para minimizar la huella de carbono de las baterías, reducir su dependencia de sustancias tóxicas y establecer estándares de reciclaje y reutilización alineados con el objetivo de la UE de avanzar hacia una economía más circular.
En consecuencia, la normativa introduce nuevas obligaciones legales para los fabricantes de baterías. Entre otras, estas incluyen la declaración de huella de carbono, requisitos de marcado CE, políticas de diligencia debida y objetivos de gestión de fin de vida (EOL) dentro del modelo de responsabilidad ampliada del productor (EPR). La declaración de huella de carbono —que aplica a baterías de vehículos eléctricos, baterías LMT y baterías recargables industriales con capacidad superior a 2 kWh— exige a los fabricantes informar sobre las emisiones de carbono de todo el ciclo de vida (excluida la fase de uso) de cada modelo de batería por planta de fabricación.
El Reglamento de baterías de la UE también añade cinco clases de baterías a la lista de productos que requieren marcado CE. Estas incluyen baterías portátiles, industriales, EV, LMT y SLI. Dado el requerimiento histórico del marcado CE, los fabricantes de estas cinco categorías de baterías deben ahora realizar una evaluación de conformidad CE. Aunque los requisitos específicos varían según la clasificación de la batería, generalmente incluyen la declaración del contenido reciclado incorporado y la creación de un sistema de gestión de baterías (BMS) para monitorizar la salud y la vida útil de la batería.
Asimismo, el reglamento introduce nuevas exigencias de diligencia debida para fabricantes e importadores de baterías con una facturación neta de al menos 40 millones de euros. Las empresas que superen ese umbral y obtengan determinadas materias primas —especialmente cobalto, litio, níquel y grafito natural— deberán establecer una política de diligencia debida alineada con estándares internacionales e implementar un sistema de mitigación de riesgos que identifique amenazas sociales y medioambientales a lo largo de su cadena de suministro.
Por último, el reglamento establece la llamada responsabilidad ampliada del productor (EPR), que impone dos obligaciones principales de gestión de fin de vida (EOL) para los fabricantes de baterías: cumplir mínimos obligatorios de contenido reciclado e incrementar la recogida de baterías desechadas, evitándose así su depósito en vertederos y plantas de residuos.
2. Regulación: Propuesta de prohibición de PFAS de ECHA
Fecha de entrada en vigor: La propuesta se publicó en febrero y la prohibición entraría en vigor tras 18 meses o mediante un enfoque escalonado.
Países afectados: Los 27 Estados miembros de la Unión Europea
Qué cubre la regulación: En febrero, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicó una propuesta para prohibir miles de sustancias perfluoro y polifluoroalquiladas (PFAS). Esta propuesta fue elaborada y presentada por autoridades nacionales de Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania y los Países Bajos.
Las nuevas restricciones propuestas buscan prohibir más de 10,000 PFAS (actualmente existen en torno a 15,000 PFAS en total). ECHA contempla dos vías posibles para su implementación. La primera supondría una prohibición total a los 18 meses de transición. La segunda es más compleja logísticamente e implica un enfoque gradual, con exenciones limitadas en el tiempo para determinados usos. Además, este modelo especifica que en casos excepcionales se podría conceder una exención sin límite de tiempo.
ECHA abrió la propuesta de restricciones a una consulta pública de seis meses, que transcurrió del 22 de marzo al 25 de septiembre. Como comentamos en una publicación previa, este periodo generó unos 5.600 comentarios públicos, incluidos aportes de 4.400 empresas, personas y organizaciones. En muchos casos, profesionales de la industria manifestaron sus reservas sobre el impacto de la prohibición en sus procesos de fabricación.
Cerrado el periodo de comentarios, dos comités de ECHA revisarán las aportaciones para emitir sus dictámenes finales. El Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) evaluará si la propuesta es adecuada para reducir riesgos para las personas y el medio ambiente; el Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC) analizará el posible impacto socioeconómico de aplicar estas restricciones. Una vez concluidos, estos dictámenes se entregarán a la Comisión Europea; ECHA y los Estados miembros de la UE decidirán la resolución definitiva sobre la prohibición.
3. Regulación: Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (SCDDA)
Fecha de entrada en vigor: La primera fase entró en vigor el 1 de enero de 2023. La segunda fase será aplicable a partir del 1 de enero de 2024.
Países afectados: Alemania
Qué cubre la regulación: El primer aspecto a analizar es el alcance de la legislación y luego las obligaciones concretas para las empresas incluidas en dicho alcance. Desde el 1 de enero de este año, las empresas con administración central, sede principal, oficina administrativa, domicilio legal o sucursal en Alemania y al menos 3.000 empleados en el país, deben cumplir con SCDDA. A partir del 1 de enero de 2024, el umbral bajará a empresas con al menos 1.000 empleados en Alemania. (Cabe destacar que alrededor de 600 empresas quedaron bajo la normativa en 2023 y cerca de 3.000 lo estarán en 2024.)
La Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro establece una serie de obligaciones específicas de diligencia debida para las empresas afectadas. De acuerdo con el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales alemán, la ley se basa en 11 convenios internacionales de derechos humanos reconocidos, los cuales “se usan para derivar requisitos de conducta o prohibiciones para la actuación empresarial y evitar vulneraciones de derechos protegidos.” Estos convenios abordan, entre otros, la esclavitud y el trabajo infantil, la seguridad y condiciones laborales, el acceso a alimentación y agua, y la discriminación salarial.
Para garantizar la protección de estos 11 derechos humanos, las empresas deben cumplir ocho obligaciones:
- Implantar un sistema de gestión de riesgos que permita el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y esté integrado en todos los procesos empresariales relevantes.
- Designar un oficial de derechos humanos u otra persona responsable de supervisar el sistema de gestión de riesgos.
- Realizar un análisis de riesgos anual sobre sus propias operaciones y las de sus proveedores directos, para detectar posibles infracciones a los derechos humanos protegidos. Podrán requerirse análisis extraordinarios si la empresa prevé cambios importantes en su cadena de suministro y consecuentes incrementos en los niveles de riesgo.
- Elaborar una declaración de política que describa los procedimientos de gestión de riesgos, detalle amenazas identificadas en el análisis de riesgos y establezca expectativas para empleados y proveedores.
- Adoptar medidas preventivas al identificar un riesgo concreto, ya sea en sus propias operaciones o en las de un proveedor directo.
- Adoptar medidas correctivas ante la constatación o inminencia de una vulneración de alguno de los convenios de derechos humanos protegidos.
- Establecer un procedimiento de denuncias que permita a empleados presentar reclamaciones en caso de identificar riesgos o incumplimientos.
- Realizar documentación y reporte continuos acerca del cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Esta documentación debe plasmarse en un informe anual que se entrega a la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones (BAFA) de Alemania, además de estar disponible públicamente en el sitio web de la empresa.
Las empresas que no cumplan estas obligaciones se enfrentan a sanciones legales por parte del gobierno alemán, que pueden alcanzar hasta 8 millones de euros o el 2% de la facturación global anual.
4. Regulación: Directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa (CS3D)
Fecha de entrada en vigor: La directiva fue propuesta en febrero de 2022 por la Comisión Europea. El 14 de diciembre de este año, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron un acuerdo provisional sobre su texto.
Países afectados: Los 27 Estados miembros de la Unión Europea
Qué cubre la regulación: La Directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa se asemeja en algunos puntos clave a la Ley alemana sobre diligencia debida en la cadena de suministro, aunque presenta diferencias relevantes en cuanto a las obligaciones concretas. El alcance de CS3D, uno de los temas centrales de negociación durante el año, es complejo e incluye varios grupos. Los principales afectados son empresas constituidas en la UE con más de 500 empleados y una facturación global neta superior a 150 millones de euros, y compañías de fuera de la UE con ingresos de al menos 150 millones de euros en el mercado europeo.
La Directiva CS3D se centra en dos grandes conjuntos de obligaciones:
- Política de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente: Las empresas incluidas en el alcance de la CS3D deben adoptar medidas para subsanar cualquier impacto negativo de sus operaciones, o de las de sus proveedores, sobre los derechos humanos y el medio ambiente. La Comisión Europea explica que “los elementos clave de esta obligación son identificar, poner fin, prevenir, mitigar y rendir cuentas” sobre efectos negativos en ambas categorías. Entre las áreas específicas bajo la directiva figuran la esclavitud, la explotación laboral, la deforestación y la contaminación, entre otras.
- Plan de transición climática: CS3D exige a ciertas empresas de mayor tamaño desarrollar e implementar un plan de transición climática integral. Este plan debe establecer el marco para la reducción de sus emisiones de carbono a niveles compatibles con el Acuerdo de París y sus objetivos máximos de temperatura.
Tras el acuerdo provisional en diciembre, la Directiva CS3D debe ser refrendada, adoptada y firmada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Se prevé que esto ocurra en la primera mitad de 2024. Después, los Estados miembros de la UE dispondrán de dos años para transponer la directiva al derecho nacional. Debido a este proceso de adopción prolongado, la mayoría de los expertos coinciden en que las empresas no tendrán que cumplir con las obligaciones de CS3D hasta 2027.
5. Regulación: Actualización de los controles a la exportación de la Bureau of Industry and Security sobre China
Fecha de entrada en vigor: El primer paquete de controles a la exportación de EE. UU. sobre la República Popular China (RPC) fue adoptado el 7 de octubre de 2022. Las actualizaciones entraron en vigor el 17 de octubre de 2023.
Países afectados: Estados Unidos, China, Macao y, en menor nivel, otros 43 países de Oriente Medio, África y Asia.
Qué cubre la regulación: Como detallamos en un artículo reciente sobre la guerra comercial de semiconductores entre EE. UU. y China, las actualizaciones de 2023 se centran en tres áreas principales: primero, se modifican los parámetros de los chips sujetos a restricción, empleando el rendimiento total de procesamiento (TPP) y la densidad de rendimiento como umbrales para la regulación de semiconductores. En segundo lugar, se amplía significativamente la lista de equipos de fabricación de semiconductores controlados (SME). Por último, la actualización suma 13 empresas chinas a la Entity List de EE. UU.
Este resumen sobre las principales regulaciones de 2023 no pretende ser exhaustivo, sino ofrecer una panorámica de las prohibiciones, restricciones, controles y directivas —propuestas, vigentes o en proceso— que han marcado el sector de los semiconductores el último año.
No se requiere un análisis exhaustivo para detectar dos grandes tendencias regulatorias. Por un lado, la continuada guerra comercial entre EE. UU. y China. Por otro, la multiplicidad de directivas de la UE centradas en priorizar la salud humana y el medio ambiente mediante requisitos empresariales cada vez más estrictos para operar en la región. Por supuesto, aún es pronto para anticipar el panorama regulatorio de 2024, aunque es razonable suponer que estas dos transformaciones —cada una reflejo del presente y el futuro tecnológico e industrial— seguirán condicionando el modo de operar de las organizaciones de la cadena de suministro de semiconductores en esta década.
