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Los minerales de conflicto se extraen en áreas del mundo afectadas por conflictos armados o abusos a los derechos humanos. La extracción de estos minerales en dichas regiones se ha vinculado con trabajo infantil, trabajo forzado, daños medioambientales y con la financiación de grupos armados que cometen actos violentos contra civiles.
Los minerales de conflicto más comúnmente reconocidos son el estaño, el tungsteno, el tantalio y el oro, conocidos como 3TG, que se utilizan en muchos dispositivos electrónicos y otros productos. Los países conocidos por la extracción de minerales de conflicto se sitúan principalmente en África central. Estos minerales suelen proceder de la República Democrática del Congo (RDC) y de países vecinos, donde los conflictos y los abusos a los derechos humanos son frecuentes. No obstante, países limítrofes como Ruanda, Uganda y Burundi también producen minerales de conflicto.
Grupos armados controlan numerosas minas y operaciones extractivas en estos países, frecuentemente recurriendo al trabajo forzado y otras prácticas abusivas. Además, las ganancias derivadas de la venta de minerales de conflicto se utilizan para financiar a estos grupos armados y perpetuar la violencia en la región.
Si bien la mayor parte de los minerales de conflicto del mundo proviene de África central, es importante señalar que estos minerales pueden proceder también de otras regiones. Por ejemplo, se ha vinculado el oro de Colombia con conflictos y abusos de derechos humanos, y la mica de la India, con trabajo infantil. Por ello, debe aplicarse globalmente una gestión responsable de las fuentes para garantizar que los minerales se obtienen de manera ética y sin contribuir a conflictos ni abusos de derechos humanos.
Se han realizado esfuerzos por parte de gobiernos, grupos de la industria y organizaciones no gubernamentales (ONG) para abordar el problema de los minerales de conflicto, incluyendo la creación de regulaciones como la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos, la cual obliga a las empresas a divulgar el uso de minerales de conflicto en sus productos. Además, la Unión Europea (UE) también ha implementado un «Reglamento sobre Minerales de Conflicto» con el fin de abordar esta problemática. Esta ley fue adoptada en 2017 y se aplicó a partir del 1 de enero de 2021.
Otros países, como Australia, Japón y China, han introducido directrices no vinculantes o iniciativas voluntarias para abordar la cuestión de los minerales de conflicto. Estas iniciativas promueven prácticas responsables en la cadena de suministro e incentivan a las empresas a realizar la debida diligencia en sus cadenas de suministro.
