Si bien la COVID-19 no fue el primer desafío para las cadenas de suministro globales, sí marcó el inicio de una serie continua (y creciente) de obstáculos que siguen amenazando la continuidad de la cadena de suministro. La aparición repentina de escasez de mano de obra, bajos inventarios, fluctuaciones en la demanda, cuellos de botella cada vez más restrictivos y los notorios atascos en los puertos de contenedores han contribuido a crear un entorno tumultuoso y lleno de riesgos para fabricantes, navieras y compradores de producción.
Aunque muchas de las complejidades logísticas que sacudieron las cadenas de suministro en 2021 y 2022 se han ido resolviendo paulatinamente, una nueva ola de retos está surgiendo para los compradores de producción—un grupo que seguramente esperaba una etapa de mayor calma y predictibilidad en sus cadenas de suministro. Y si bien el nuevo año quizá no presente la misma variedad de amenazas graves e impredecibles que representó la COVID-19, sí se perfila como un escenario desafiante, repleto de obstáculos geopolíticos, ambientales y normativos para los profesionales de la cadena de suministro, quienes deberán estar adecuadamente preparados.
1. Piratas del Mar Rojo
El brutal y polarizante conflicto en Gaza entre Israel y Hamás ha tenido repercusiones globales de formas complejas y turbulentas. La masacre del 7 de octubre y la posterior campaña militar provocaron una serie de ataques transfronterizos en la región; involucraron a los Estados Unidos y la Administración Biden en crecientes acusaciones de complicidad por el aumento de víctimas palestinas; e incluso llevaron al gobierno de Sudáfrica a presentar cargos por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Sin embargo, pocas de estas consecuencias han sido tan inesperadas y únicas como la aparición violenta y repentina de los rebeldes hutíes en el escenario mundial.
Los hutíes, un movimiento religioso cuya insurgencia armada derrocó al gobierno de Yemen en 2014 y desencadenó una larga y sangrienta guerra civil, comenzaron a atacar buques de carga que transitaban por el Mar Rojo y el Canal de Suez en noviembre. El grupo emplea drones, ataques aéreos y lanchas rápidas para bombardear, emboscar y secuestrar embarcaciones, encuadrando su accionar como una campaña de represalia contra Israel y sus aliados por la ofensiva militar en Gaza. Aunque estas incursiones se producen casi diariamente desde principios de diciembre, las repercusiones van mucho más allá de las dos docenas de barcos afectados directamente por la sofisticada piratería de la organización.
El Mar Rojo es una de las principales rutas marítimas hacia el hemisferio occidental—cerca de una cuarta parte de todos los portacontenedores del mundo cruzan el Canal de Suez, a menudo viajando desde Asia hasta Europa. Esto convierte a este estrecho corredor de 120 millas en un punto crítico para el comercio global; los hutíes y sus aliados—Iran y Hezbolá—lo están explotando para sabotear el flujo de mercancías y responder a Occidente y a su apoyo a Israel. Hasta ahora, esta guerra “asimétrica” está dando resultados: para finales de enero, el tráfico de portacontenedores por el Mar Rojo se redujo en un 75 %, y la mayoría de las principales navieras globales—incluyendo Maersk, CMA-CGM y Evergreen—han suspendido el transporte por esta ruta cada vez más peligrosa.
Interrupciones tan significativas y prolongadas representan serios retos para los compradores de producción que dependen de cadenas de suministro establecidas a través del Canal de Suez. Por ahora, las navieras desvían sus barcos hacia el sur, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica. Esta ruta más larga añade aproximadamente dos semanas al trayecto, lo que incrementa el coste de todo, desde el combustible hasta las primas de seguro. Los compradores que operan en este entorno fragmentado deben evaluar planes de contingencia y mantener la flexibilidad a medida que enfrentan costes elevados, plazos de entrega más largos y una volatilidad logística creciente. Sobre todas estas decisiones difíciles planea la cuestión de si trasladar, y en qué medida, estos mayores costes al consumidor final, quien ya ha debido gestionar dos años prolongados de inflación persistente.
2. Sequía histórica en el Canal de Panamá
Aunque no tan crucial como el Mar Rojo para el flujo marítimo global y las innumerables industrias que dependen de él, el Canal de Panamá es otro punto vital en la cadena de suministro global. Aproximadamente el 2,5 % de toda la carga marítima transita por este canal centroamericano, que en 2023 registró unos 14 000 cruces. Sin embargo, lo que ocurre en el Canal de Panamá es mucho más directo que la compleja situación del Mar Rojo. El canal depende del agua dulce del cercano Lago Gatún, y una grave sequía ha reducido los niveles hídricos del lago a mínimos históricos. Como resultado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se ha visto obligada a restringir el uso diario de la vía en alrededor de un 40 % respecto a las cifras de 2023. Esta decisión, que está costando a la ACP aproximadamente 100 millones de dólares mensuales en ingresos por peajes, ha llevado a las principales navieras a desviar sus barcos y a incorporar el transporte ferroviario en su logística.
Al igual que en el asediado Mar Rojo, la reducción del acceso al Canal de Panamá obliga a los compradores de producción a aceptar rutas marítimas más caras y mayores costes logísticos, o bien a replantear completamente sus cadenas de suministro. Dado que aproximadamente el 14 % de la carga marítima desde y hacia Estados Unidos pasa por este corredor artificial, las consecuencias de la restricción serán especialmente notorias para empresas estadounidenses y sus compradores. El periodo para hacer los ajustes necesarios es limitado y la ventana se está cerrando rápidamente. Los actores clave deben considerar rutas alternativas y cambios en los hábitos de compra, al tiempo que proyectan cuándo el canal volverá a su capacidad previa.
3. Refuerzo contra el trabajo forzoso
El año 2023 fue histórico en cuanto a regulaciones para la protección de los derechos humanos en la cadena de suministro. Alemania implementó la primera fase de su Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA, Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro), mientras que la UE avanzó significativamente con su Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial). Este año continuará la tendencia de gobiernos que incrementan la presión normativa sobre las empresas para erradicar el trabajo forzoso y otros abusos de derechos humanos en sus cadenas de suministro.
La fase inicial de la SCDDA alemana, vigente desde enero de 2023, obligaba a todas las empresas establecidas en Alemania con al menos 3 000 empleados a cumplir con la nueva normativa. Desde el 1 de enero de este año, el alcance de la directiva se ha ampliado considerablemente y ahora abarca a todas las empresas con al menos 1 000 empleados. (Para dar contexto, esta ampliación incrementó en torno a un 500 % el número de empresas bajo la cobertura de la directiva). Como detallamos en diciembre, la ley exige a las empresas proteger 11 convenios internacionales de derechos humanos mediante la implementación de ocho medidas distintas, entre ellas la creación de un sistema de gestión de riesgos y el nombramiento de un responsable de derechos humanos dentro de la empresa.
Además de la segunda fase de la directiva alemana, este año entró en vigor la legislación canadiense contra el trabajo forzoso: la Forced and Child Labour in Supply Chains Act (Ley sobre Trabajo Forzoso e Infantil en las Cadenas de Suministro), que exige a las organizaciones sujetas presentar informes anuales al Ministerio de Seguridad Pública canadiense acerca de sus esfuerzos para reducir y mitigar el trabajo forzoso e infantil en sus cadenas de suministro. Según el gobierno canadiense, la ley abarca a “toda corporación, fiduciaria, sociedad comercial u otra organización no constituida que produzca, venda o distribuya bienes en Canadá o en el extranjero, que importe productos a Canadá, o que controle una entidad involucrada en cualquiera de estas actividades”. Otros criterios de inclusión incluyen umbrales de activos, ingresos y número total de empleados.
Las organizaciones sujetas a la Forced and Child Labour in Supply Chains Act deben abordar temas específicos en sus informes anuales, entre ellos los procesos de diligencia debida, medidas para evaluar los riesgos de trabajo forzoso e infantil en sus cadenas de suministro, y acciones concretas para mitigar dichos riesgos. El primer informe al gobierno debe presentarse antes del 31 de mayo de 2024.
Webinar recomendado: Cómo preparar un paquete efectivo de respuesta UFLPA
Los compradores de producción con sede en EE. UU. y operaciones en Canadá deben conocer estas nuevas obligaciones y cumplir con las respectivas políticas y medidas de diligencia debida de su empresa. Atender a estos compromisos exigirá una visibilidad más profunda en su cadena de suministro y la capacidad de identificar señales de riesgo de trabajo forzoso e infantil. Si se detectan situaciones de explotación laboral, las organizaciones deberán desarrollar y aplicar medidas de contingencia—incluyendo la adecuación de su red de proveedores y el uso de doble aprovisionamiento—para erradicar abusos laborales de sus procesos de compras.
4. La UE da impulso al ESG
ESG es un marco para analizar y evaluar el desempeño de una empresa en torno a tres pilares fundamentales: medioambiental, social y de gobernanza. El pilar medioambiental hace referencia a los esfuerzos para reducir el impacto negativo de la organización en el entorno, como la disminución de la huella de carbono, la integración de estrategias frente al cambio climático y la adopción de procesos de reducción de residuos que promueven la circularidad. El pilar social está enfocado en cómo la corporación trata a las personas, poniendo énfasis en prácticas éticas como la remuneración justa, la igualdad de oportunidades laborales y una cadena de suministro responsable, libre de explotación laboral y otros abusos. Por último, la gobernanza abarca las formas en que la empresa se responsabiliza ante normativas externas y políticas internas, incluyendo cumplimiento normativo, buenas prácticas y mecanismos de prevención de conflictos de interés.
Lectura recomendada: 21 estadísticas ESG relevantes para empresas en 2024
El concepto de ESG y sus principios han cobrado considerable relevancia en los últimos cinco años aproximadamente. En ese tiempo, inversores, gobiernos y la sociedad en general han aumentado su atención sobre el nivel de integridad y el compromiso de las organizaciones con modelos de negocio más éticos y sostenibles, alejados del mero beneficio económico. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa) de la Unión Europea, vigente desde enero de 2023, busca traducir estos principios en regulaciones legalmente vinculantes que exigen a las empresas alcanzar niveles de transparencia sin precedentes en materia de ESG.
La UE está aplicando CSRD mediante un enfoque gradual. Desde este año, las organizaciones con al menos 500 empleados y operaciones en el mercado europeo deben empezar a cumplir con la directiva. CSRD abarca una gama completa de requisitos de divulgación y reporte relacionados con ESG y sus pilares, establecidos como European Sustainability Reporting Standards (ESRS, Normas Europeas de Reporte de Sostenibilidad). Los ESRS se dividen en 12 categorías relacionadas con ESG, entre ellas—pero no exclusivamente—cambio climático, contaminación, biodiversidad y ecosistemas, y trabajadores en la cadena de valor. Toda la información debe ser publicada públicamente, típicamente a través del sitio web corporativo, y las organizaciones deben someterse a auditoría externa para verificar la veracidad de los datos divulgados.
Lectura recomendada: ESG vs. CSRD: ¿En qué se diferencian?
Una nota final sobre CSRD y la naturaleza de sus requisitos: las empresas sujetas deben recopilar y reportar información que refleje el concepto de “doble materialidad”. En resumen, esto significa que las divulgaciones deben abordar tanto el impacto de la organización sobre las personas y el medio ambiente (“materialidad de impacto” o perspectiva “inside-out”), como el modo en que las metas internas de sostenibilidad afectarán la salud financiera de la propia empresa (“materialidad financiera” o perspectiva “outside-in”).
Perturbaciones y directrices para los compradores de producción en 2024
En 2024, los compradores se enfrentan a dos grandes tendencias que desafían sus estrategias de suministro y aprovisionamiento. Por un lado, las crecientes disrupciones que restringen las rutas comerciales internacionales y complican la logística para empresas de todo el mundo. Las implicaciones de estos sucesos sobre la cadena de suministro global no son una posibilidad abstracta, sino realidades tangibles con efectos negativos en los costes y plazos de entrega para los profesionales de la industria. Como en la mayoría de los eventos repentinos y turbulentos en la cadena de suministro, se espera que estas crisis eventualmente se resuelvan y den paso a la estabilidad y continuidad en estos dos corredores marítimos de larga tradición.
Por otro lado, el avance regulatorio en Europa y Norteamérica no tiene ese carácter efímero. Es, de hecho, lo opuesto a las disrupciones marítimas que afectan actualmente al Mar Rojo y el Canal de Panamá. En lugar de ser eventos inesperados, estas nuevas directrices de cumplimiento avanzan con paso lento pero predecible, brindando a las empresas y a sus profesionales de compras el tiempo y los recursos para adaptarse y responder. Una vez en vigor, estas normas sobre trabajo y ESG no serán interrupciones temporales, sino cambios estructurales que transformarán para siempre la dinámica y las responsabilidades de los profesionales de la cadena de suministro global, obligándolos a crear transparencia, visibilidad y canales de diligencia debida más profundos y detallados.
El resultado—o al menos el objetivo que persiguen los organismos reguladores—es que las empresas y los compradores se relacionen de forma más ética con la compleja red de personas y entornos naturales directamente afectados por la actividad empresarial.
